28-03-2014 

Acaba de conocerse que el final más plausible de las últimas autopistas privadas de peaje va a ser el rescate público por una cuantía superior a los 3.600 millones de euros. Ecologistas en Acción destaca que muchos de los dirigentes de las empresas constructoras y de los responsables políticos que aprobaron estos proyectos figuran en los apuntes del extesorero del Partido Popular. Lo más llamativo es que el actual ministerio de Fomento aún se plantea construir nuevas radiales y prolongar algunas de las que han quebrado.

Ayer martes hubo una reunión entre los ministerios de Fomento y Hacienda, las grandes constructoras agrupadas en Seopan y los 6 grandes bancos que han aportado la mayor parte de los créditos a los ruinosos proyectos de las autopistas de peaje que se diseñaron en la época de Álvarez-Cascos. Lo que ha trascendido de esta reunión es que el Estado asumirá la mayor parte de la deuda de las autopistas de peaje.

Nuevamente, estamos ante un caso de manual en cuanto a la socialización de las pérdidas. La propuesta que hay sobre la mesa es la nacionalización –rescate por una empresa de capital 100% público– de 9 autopistas privadas, que nos va a costar a los contribuyentes entre 3.600 y 4.200 millones de euros. En esta cifra se incluye la deuda que pasaría a ser responsabilidad del Estado después de la prevista quita del 50%, además de los costes financieros, así como entre 1.200 y 1.800 millones de euros pendientes de pagar a los propietarios de los terrenos expropiados.

Las autopistas han quebrado por dos motivos: no han tenido ni de lejos el tráfico previsto (es decir, no eran necesarias) y tuvieron que hacer frente a un tremendo sobrecoste en las expropiaciones. No está de más recordar que el incremento del precio de las expropiaciones deriva de la Ley del Suelo que se promovió en 1998 también Álvarez-Cascos. Como es sabido, su enfoque del “todo es urbanizable” permitió que los propietarios de suelo rústico afectado por el paso de las autopistas reclamaran indemnizaciones como si este terreno fuera urbanizable, algo que consiguieron en los tribunales, con la consiguiente multiplicación de los precios del metro cuadrado.

¿Cómo es posible que se planearan tantas obras, tan caras y de una manera tan ajena al interés general? Ecologistas en Acción viene insistiendo en que la respuesta a esta cuestión está en los llamados “papeles de Bárcenas”, que supuestamente recogen pagos al PP de muchas de las empresas constructoras de estas obras en momentos muy próximos a su licitación. Los presuntos intereses ilícitos son los que podrían explicar lo que no se entiende desde la racionalidad de la planificación del transporte. De aquellos papeles, estos rescates.

Por desgracia, muchos de los contratos de las autopistas ahora quebradas –realizados en la época en la que Álvarez-Cascos era ministro de Fomento– son previos a 2003 y los posibles delitos ya han prescrito. Pero otros, como los ligados a la AP-41, Madrid-Toledo, se incluyen en la querella que Ecologistas en Acción presentó junto con otras organizaciones a finales de febrero de 2013.

Pero lo que no deja de sorprender a Ecologistas en Acción es que con estos precedentes, el nuevo plan de infraestructuras que promueve Fomento, el PITVI, incluya entre las obras a realizar una nueva radial en Madrid (la R1) y una prolongación de otra de las autopistas quebradas, la AP-41, para prolongarla desde Toledo hasta Córdoba, además de 4.700 kilómetros más de autovías.

Parece claro que nuestra política de transportes no se rige por la racionalidad, sino por otros criterios poco confesables, aunque cada vez más desenmascarados.