La Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta considera inviable construir 600 nuevas viviendas en Daya Vieja al ser una zona inundable
TEXTO EDUARDO DE GEA
DAYA VIEJA /16-02-2014
La Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta considera “inviable” el nuevo proyecto urbanístico previsto en el municipio de Daya Vieja donde se pretende ocupar 120.000 metros cuadrados de huerta tradicional para la construcción de un residencial con 600 viviendas unifamiliares. Independientemente del impacto medioambiental que la nueva urbanización tendrá sobre terrenos de regadío, la Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta considera que el plan “es irrealizable” al tener en cuenta las directrices que marca el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención de Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana (Patricova). El municipio está incluido, según el Patricova, en la categoría de “municipio con elevado riesgo de inundación”.
En las alegaciones presentadas por el colectivo en el Ayuntamiento de Daya Vieja se advierte que el Patricova esta plenamente en vigor, siendo sus disposiciones, incluidas las resultantes de la última revisión, igualmente obligatorias y jerárquicamente superiores a toda resolución municipal, incluyendo el mismo PGOU. Por ello, “su evaluación ambiental deberá ajustarse a lo dispuesto por el Patricova”.
Se indica en las alegaciones que la calificación del riesgo de inundación por parte del Patricova en el término municipal de Daya Vieja así como las obligaciones y limitaciones que ello impone “son meridianamente claras en cuanto a sus determinaciones de ineludible cumplimiento por parte de la administración publica”.
Por ello se añade que, una hipotética vulneración de las disposiciones contenidas en el Patrociva así como respecto del conjunto normativo en materia medioambiental l y administrativa comportaría incurrir en una supuesto de nulidad de pleno derecho para la pretendida actuación de conformidad a lo dispuesto en la ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las administraciones publicas del procedimiento administrativo común